Estas son las respuesta publicadas por el diario EL TIEMPO a varias preguntas que nos estamos haciendo los Colombianos respecto a la nueva reglamentación expedida por la emergencia social.¿Qué es el POS y quienes tienen derecho a él?
El plan obligatorio de salud (POS) es el listado de medicamentos, procedimientos e intervenciones médicas a los que tienen acceso los afiliados al sistema de salud. Hoy esos POS no son iguales para todos los colombianos: los que mensualmente aportan a una EPS del régimen contributivo tienen un POS con un listado más largo de servicios. La Corte Constitucional ordenó, mediante sentencia T-760, que los dos planes se unifiquen, para eliminar inequidades.
¿Qué son servicios no POS?
Son todos los procedimientos, medicamentos e intervenciones médicas que no están incluidas en ese listado.
¿Cómo se accede hoy a servicios por fuera del POS?
Miles de colombianos han logrado acceder a ellos, previa autorización de los comités técnico-científicos de las EPS. Otra vía son las acciones de tutela. La mayoría de los jueces fallan a favor de los pacientes. Las EPS, entonces, les prestan los servicios y se los recobran al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). Es decir, son asumidos por el sistema. El Gobierno dice que unificará los planes de salud del subsidiado y el contributivo en julio.
¿Qué tan amplio en servicios será el nuevo POS?
No se ha definido. Sin embargo, uno de los decretos de Emergencia Social incluye una definición del POS para todos los colombianos según la cual “se priorizará la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y las atenciones de baja complejidad, la medicina y odontología general y se admitirá el acceso al manejo especializado o de mediana y alta complejidad cuando se cuente con la evidencia científica y costo efectividad que así lo aconsejen”. Los analistas dicen que en efecto habría un POS unificado, pero hay polémica por las coberturas. El Gobierno asegura que el POS no se achicará.
¿Por qué esta polémica?
El costo de los servicios que queden por fuera de ese nuevo POS (que ahora se conocerán como ‘prestaciones excepcionales en salud’) tendrá que ser pagado, total o parcialmente, por los pacientes. El sistema de salud se encargará de establecer su capacidad de pago mediante el cruce de bases de datos y bancos de información y el análisis de su patrimonio personal y familiar. El decreto 128 estipula que para pagar esos tratamientos, el paciente puede hacer uso de sus cesantías, ahorros pensionales e incluso recurrir a préstamos bancarios blandos.
¿Y si la persona no tiene recursos?
La reforma creó el Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud (Fonprés), que se alimentará con los impuestos a la cerveza, los cigarrillos y los licores. Estos recursos financiarán las “prestaciones excepcionales” a estas personas, previo análisis y autorización de un comité técnico. Este Fondo, según la norma, tiene recursos limitados cada año, por lo que sólo costeará solicitudes hasta que la plata le alcance.
¿Por qué dicen que se va a sancionar a los médicos?
El decreto 131 establece sanciones de hasta 50 salarios mínimos mensuales (unos 25,7 millones de pesos) a los médicos que formulen medicamentos o soliciten procedimientos para sus pacientes, por fuera de los estándares del nuevo POS. Los médicos dicen que esto coarta su autonomía y les impide recetarles a sus pacientes lo que necesitan para recuperar su salud.
¿Por qué estas medidas?
El Gobierno dice que el sistema de salud no tiene recursos ilimitados y, por lo tanto, tampoco puede costear ilimitadamente servicios. Asegura que debido a problemas estructurales y a la desbordada solicitud de servicios no POS, el sistema ha ido acumulando deudas y pérdidas que amenazan su estabilidad. Por eso decretó la Emergencia Social, destinada a recoger nuevos recursos para cubrir los déficits.
¿Los decretos ya rigen?
Ya fueron expedidos y se dio un periodo de transición de seis meses para su aplicación. El ministro Diego Palacio dijo que la homologación de los dos POS comenzará en breve con un plan piloto en Barranquilla. El Gobierno asegura que los cambios apuntan a lograr la cobertura en salud para el total la población colombiana, tal y como lo ordenó la sentencia de la Corte Constitucional.
Fuente: El Tiempo
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